La imperante necesidad de un HISPA-NICE
Hace algún tiempo caía en mis manos un documento a debate de la Asociación de Economía de la Salud (AES) cuyo título no podía ser más alentador: RECOMENDACIONES PARA UNA ACTUACION PÚBLICA SENSATA Y RESPONSABLE.
Este documento comenzaba introduciendo un hecho contrastado, que la llegada de la crisis económica y la necesidad de armonizar las cuentas públicas a fin de satisfacer los compromisos europeos han desatado una avalancha de ajustes en las políticas de gasto público que han alcanzado de lleno a la sanidad española.
Me pareció en su momento particularmente interesante en tercer punto de los objetivos que dejaban sobre la mesa, la urgente necesidad de montar un “HISPA-NICE”. Quizás estéis pensando ¿de qué habla este individuo?, ¿qué es eso del NICE?, ¿por qué se está metiendo un economista en el berenjenal de las instituciones sanitarias?, bueno, voy a intentar aclarar algo.
Los mercados son complejas instituciones, que resuelven el problema de asignar recursos escasos a fines alternativos. Teóricamente son eficientes si se ajustan a un conjunto de exigencias técnicas, institucionales y de comportamiento de los agentes muy exigente. Lamentablemente, desde la obra seminal de Arrow (1963), se conoce que los mercados sanitarios no cumplen las expectativas de la “mano invisible” de Adam Smith, aquejados de graves problemas de incertidumbre y asimetrías de información.
Lamentablemente, desde la obra seminal de Arrow (1963), se conoce que los mercados sanitarios no cumplen las expectativas de la “mano invisible” de Adam Smith, aquejados de graves problemas de incertidumbre y asimetrías de información
Por otro lado, la eficiencia no es el único criterio colectivo a la hora de asignar recursos. La justicia importa, y el acceso universal a la asistencia sanitaria, con independencia del estatus social de las personas, es considerado un valor fundamental en la mayoría de las sociedades desarrolladas.
Dado que los precios del mercado sanitario no son señales fiables del coste de oportunidad social, y que determinados criterios de equidad pueden entrar a formar parte del proceso de toma decisiones públicas, el papel de los mercados es necesariamente limitado, siendo los Estados los que deciden que tecnologías sanitarias se incorporan y ofrecen a los ciudadanos.
Que los mercados sanitarios no funcionen para asignar eficientemente los recursos, no implica que el problema desaparezca. Al contrario, vuelve más necesario e imprescindible el desarrollo de metodologías que sustituyan el papel que tienen los precios en los mercados de competencia perfecta. Es decir ayuden en el proceso de toma de decisiones estableciendo que tecnologías sanitarias son eficientes, y cuál es su coste de oportunidad social. El intenso desarrollo metodológico de la evaluación económica de tecnologías sanitarias durante las últimas décadas es una repuesta a este desafío.
Lo que es AES pretende con el HISPA-NICE es extrapolar el Servicio Nacional de Salud británico (NHS para sus siglas en inglés) al nuestro. Esta entidad cuenta con el apoyo del Instituto Británico para la Salud y la Excelencia Clínica (National Institute for Health and Care Excellence o su acrónimo NICE) el cual se encarga de respaldar mediante evidencia científica la cobertura en salud del sistema, o lo que es lo mismo, aprueba la financiación de determinadas prestaciones en base a pruebas diagnósticas que demuestren que dicha prestación mejoraría la calidad de vida de los pacientes.
El NICE aprueba la financiación de determinadas prestaciones en base a pruebas diagnóstica que demuestren que dicha prestación mejoraría la calidad de vida de los pacientes
Para terminar pongamos un ejemplo práctico de lo que puede hacer el NICE: Imaginad que un laboratorio farmacéutico X está suministrando el medicamento Z a nuestros hospitales al precio de 10€ la unidad, dicho laboratorio introduce una serie de mejoras y quiere pasar a suministrarlo al precio de 20€. Aquí entra en juego el NICE, el cual al desarrollar las pruebas clínicas concluye que este nuevo medicamento ha mejorado la salud del paciente un 20% respecto al anterior, por lo tanto se plantaría y negociaría con el laboratorio que, como máximo, el nuevo fármaco podría comprarse por 12€ en lugar de 20€ la unidad como pide el laboratorio.
Este modus operandi, que puede parecer completamente racional para salvaguardar nuestro sistema, no tiene -salvo en el ámbito universitario- un ámplio desarrollo en nuestro país, donde se negocia en multitud de ocasiones sobre el precio ofrecido sin haber efectuado previamente pruebas clínicas.
¿qué os parece?