Aborto: ¿Cuestión de opinión?
En 2010 el Gobierno del PSOE presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó una reforma de la ley del aborto de 1985. La reforma estableció un plazo de 14 semanas en la que la mujer podía abortar libremente; y un plazo hasta la semana 22 si podía existir un grave riesgo para la vida de las embarazadas o graves anomalías en el feto. También se aprobó que pudiera producirse una interrupción del embarazo en cualquier momento si se detectaban “anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades graves e incurables en el feto”. Pero sin duda la polémica se presentó en el permiso que daba la ley a chicas de 16 años que podían abortar sin consentimiento paterno (la ley fijó que al menos uno de los padres debe ser informado de la decisión a menos que la joven alegue un conflicto familiar grave) No tardaron sectores antiabortistas en movilizarse.
Cuando llegó al poder nuestro actual presidente Mariano Rajoy el 20 de noviembre de 2011, se nombró a Alberto Ruíz Gallardón como ministro de Justicia, que impulsó una reforma de la ley de 2010, más restrictiva incluso que la de 1985, sólo permitiendo el aborto en caso de violación o de riesgo para la salud de la madre.
Como ya sabemos, ese intento de reforma no se produjo por el gran rechazo de la sociedad y sólo se tradujo en un enfado de la rama más a la derecha del PP y la dimisión del ministro de Justicia.
El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”
Ya surgiría el problema: ¿es el no nacido una persona? Aquí ya entra el aspecto de la opinión personal y creencias. La ciencia debe tener en cuenta los datos biológicos para decidir qué actuación realizar sobre el embrión o feto, pero no se utiliza para las Leyes, ya que estas varían dependiendo del partido político que nos gobierne.
Según datos de 2006, en España se produjeron unos 100.000 abortos. Con la ley de 2010, se consigue que esta interrupción se haga de una manera segura y universal en un centro especializado. Si se vuelve a leyes prohibitivas, se realizarían prácticas baratas y perjudiciales para las mujeres sobretodo con un estatus más pobre, ya que las mujeres con más recursos realizarían un turismo abortivo.
Por poner un ejemplo, en El Salvador se aprobó en 1998 una ley prohibitiva del aborto. Amnistía Internacional publicó el año pasado un informe (Al borde de la muerte: violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador) que muestra como las mujeres utilizan métodos como raticidas, agujas, trozos de madera… para abortar en la clandestinidad.
Tenemos tantos argumentos a favor del aborto como en contra. En términos generales, a favor encontraríamos el derecho de la madre a decidir sobre su cuerpo e intimidad y que una buena legislación y control evitaría abortos clandestinos posiblemente peligrosos. En contra, como ya sabemos, el argumento estrella es el de protección de la vida, ya que consideran que hay vida desde la fecundación.
Este tema crea mucha controversia y siempre depende de las ideas de cada persona. Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) en 2014 casi un 90% de las jóvenes que deciden interrumpir el embarazo consultan a sus padres. Sólo un 12,73% no lo hace y siempre por situaciones que derivarían en maltrato o desamparo. Prohibiciones como las que se proponían derivarían en clandestinidad como ya hemos comentado y maternidad forzada y marginalidad. En la estadística oficial del Ministerio de Sanidad con la actual legislación se ve una caída del número de abortos, un 3,3%, a su cota más baja desde hace siete años. En 2013 fueron 108.690 mujeres, 3.700 menos que el año anterior. Estos datos contradicen lo que defendía el PP que con esta reforma aumentarían el número de abortos.
Para mí urge un complemento a esta ley en materia de educación. El target mayor de aborto sigue estando en mujeres jóvenes, la mayoría por no utilizar o un mal uso de métodos anticonceptivos. Se debe potenciar desde las instituciones una mayor información sobre estas prácticas. El joven actual sigue siendo analfabeto en temas sexuales y ese es un punto que el gobierno debería potenciar bajo mi punto de vista. Sigo pensando que muchos problemas de salud actuales tendrían solución con una asignatura seria de salud en colegios e institutos.
La moralidad es personal y nunca debe ser impuesta por ninguna institución. Cada uno puede defender el derecho a la vida del feto si lo cree en su ética o moralidad, pero también creo que es importante defender desde el Estado el derecho a la vida digna.
Imagen de Reporteros Tercerainformacion
