Hepatitis C: salud, derecho o negocio
Después de mucho luchar, el pasado jueves 26 de marzo, las comunidades autónomas aprobaron el plan gubernamental que permitirá a 52.000 enfermos ser tratados con los nuevos fármacos para tratar la hepatitis C, que se incorporan al ya aprobado Sovaldi. El ministro anunció que “el dinero no será un problema”. Sin embargo, la financiación todavía no está clara. El 20 de abril las comunidades se reunirán y tratarán este tema, ya que el gobierno les ha ofrecido como solución créditos de intereses bajos a 10 años y que no computarán como déficit, en lugar de un fondo específico. También deben tratarse temas de equidad ya que el gobierno llegó a un acuerdo por el cual el precio de los medicamentos bajaría por tramos, por lo que estas rebajas progresivas deben repartirse entre comunidades para que ninguna espere a dar el tratamiento cuando el precio baje, y también tener en cuenta que algunas comunidades han dado el tratamiento anticipadamente.
La hepatitis C es una enfermedad infecciosa provocada por el virus de la Hepatitis C (VHC) Este virus se transmite fundamentalmente por vía sanguínea. El grupo de riesgo más importante en la actualidad son los adictos a drogas por vía parenteral, ya que esta vía es la más frecuente de infección. Otros riesgos son la promiscuidad sexual, transmisión materna al feto, realización de tatuajes y piercings con material contaminado entre otros. Tradicionalmente, los enfermos se contagiaban por las transfusiones de sangre realizadas antes del año 1990. Un 30% de los pacientes no cuentan con ninguno de los factores de riesgo antes descritos y se piensa que estos casos lo adquirieron por el uso en España de material médico reutilizable (no esterilizado)
Pongámonos en antecedentes. Hasta ahora el tratamiento se realizaba con interferón, ineficaz y muy tóxico. Sin embargo, recientemente se descubrió un tratamiento que consigue curar a más del 95% de los pacientes, sin casi efectos secundarios de importancia. Uno de los medicamentos que hace esto posible es el sofosbuvir (Sovaldi®) que actúa directamente contra el virus. Este hecho haría posible erradicar esta enfermedad al poder curar a los enfermos y, por tanto, acabar con el reservorio natural del virus. Sin embargo, la empresa Gilead posee este fármaco y, en España, el tratamiento cuesta unos 20.000 euros por paciente. A pesar de estar aprobado, no todos los pacientes lo recibieron, dando lugar a los famosos encierros en hospitales de los afectados.
¿Es lícito que se permita que una compañía juegue y especule con las vidas de personas que están bajo un Estado y una Seguridad Social pública y universal?
La empresa justificó el alto precio en que “es necesario recuperar la inversión hecha y recaudar más dinero para otras investigaciones” y que “al ser tan curativo, solo se necesitará el tratamiento con este fármaco y no un tratamiento prolongado durante toda la vida del paciente como ocurre con otras enfermedades de curso crónico”. Sin embargo, la inversión se ha recuperado ya. La compañía ganó 21 mil millones de euros el pasado año, aumentándose sus beneficios un 127% respecto a 2013 (según sus propios datos)
En julio de 2014 la UE rechazó la iniciativa francesa de abaratar este fármaco creando una plataforma europea para esta enfermedad. Muchas voces optaban por expropiar la patente del medicamento. La concesión de una licencia obligatoria para fabricar un genérico está en los Acuerdos que se aprobaron en Doha de la Organización Mundial de Comercio en 2001. Según esto, se permite que un país fabrique un genérico si existe una situación de emergencia sanitaria o tras negociaciones sin acuerdo. Por ejemplo, el ex presidente Lula de Brasil lo realizó para el tratamiento del VIH.
A partir de hoy, el Ministerio de Sanidad incorpora dos nuevos medicamentos que se incorporan al Sovaldi ya aprobado. Uno de ellos, el Harvoni, incorpora el principio activo del Sovaldi y, el otro, es específico para los genotipos 1-4 del virus. Con la incorporación de estos dos últimos medicamentos se ha rebajado el precio global del tratamiento.
A veces, parece que se nos olvida que hablamos de personas que han cotizado durante toda su vida y que a la hora que necesitan una ayuda del Estado que es un derecho se le niega. Es imprescindible que en un país como España ninguna persona sea cual sea su condición económica se vea privada al acceso de un tratamiento curativo demostrado por razones de coste. Y si es un problema económico, es un problema político. La sanidad es un derecho y no se pueden jugar con vidas humanas. Esperemos que con la última reunión sea posible que por fin todos los enfermos reciban el tratamiento.
Imagen de CGT SOV del Sur de Madrid CGT
