Cuando un plato no es solo un plato

Probablemente a estas alturas ya hayan escuchado tantos análisis de los datos de las elecciones autonómicas catalanas del domingo que al final hayan llegado a la conclusión de que las cifras, en este caso, no sirven para nada.

¿En qué soluciona el problema afirmar que un 52% de los catalanes no han votado por partidos independentistas? ¿Y viceversa? En nada. La única conclusión clara que parece arrojar el resultado es la constatación de que la sociedad catalana está dividida en dos. Y de nada sirve obviar este hecho tan notable escudándose en números que, según se miren, parecen dar por vencedor a un bando o al otro.

¿Cómo hemos llegado a esta fractura?
No pretendo redactar aquí un tratado sobre la historia de la región ni tampoco enunciar la verdad absoluta sobre las causas que han propiciado la actual situación, pero nunca está de más hacer memoria y analizar los innumerables errores que en diez años atrás han cometido las instituciones que nos representan.

Tras la aprobación de los 17 Estatutos de Autonomía, que tuvo lugar entre 1979 y 1983, todos se han visto modificados en su práctica totalidad. El proceso de igualación de competencias entre las denominadas comunidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) pasará a la historia con la famosa frase del “café para todos”.
Tras él, en 2004 se inició el que hasta ahora ha sido el último periodo de modificaciones estatutarias y que, probablemente, supuso el comienzo de la serie de desafortunados acontecimientos que pueden explicar las elecciones del pasado domingo.

El Gobierno de Zapatero levantó la veda que el anterior ejecutivo de Aznar había construido en torno al concepto de la “España plural” y la concepción del país como un conjunto de nacionalidades y así el Estatut saliente del Parlament de Cataluña en 2006 (que posteriormente fue refrendado por los catalanes con una aprobación de más del 73%) plasmó en su preámbulo la frase pactada por aquel entonces entre Zapatero y Mas que sigue:
El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad.

Tras su entrada en vigor, fueron 7 las instituciones que lo recurrieron ante el Tribunal Constitucional: el Partido Popular, Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas (Murcia, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares).
Sin embargo, y coincidiendo con la clara inconstitucionalidad de varios artículos del Estatut, el Partido Popular quiso hacer de ello su bandera política y explotar su imagen como el único partido capaz de luchar por la unidad de España. Realizó una campaña de recogida de firmas y un bombardeo mediático contra un Estatut que, legalidad aparte, había sido refrendado por la mayoría de catalanes en las urnas. Quizá no era necesario montar aquel circo.

La Sentencia del TC en junio de 2010 declaró inconstitucionales 14 artículos e interpretables 27 (de los más de 100 que habían sido impugnados) así como la ineficacia jurídica del preámbulo. La mecha comenzó a arder. Masiva manifestación un mes después bajo el lema Som una nació, nosaltres decidim; autonómicas en noviembre e investidura de Artur Mas en diciembre del mismo año.

Y a partir de aquí choque de trenes.

Pacto fiscal sí, pacto ya no. Españolizar a los niños catalanes. Amenazar con no pagar la deuda. Amenazar con suspender la autonomía. Articular un referéndum ilegal. Negarse en rotundo a estudiar la posibilidad de legalizar la consulta. Fin del diálogo.
Y así es como en resumidas cuentas la pésima del Gobierno central y la intencionada manipulación ideológica del Gobierno catalán han llevado a los ciudadanos a verse obligados a elegir su identidad de forma excluyente. A estas alturas del conflicto, o se es buen catalán y mal español o viceversa.

No existe una solución simple al proceso, pero la única vía para encontrarla es reactivar el diálogo, y ello probablemente pase por sendos de líderes de Gobiernos central y autonómico vista la nula capacidad de Rajoy y Mas para llegar a ningún puerto.